1. Marco legal y autoridades involucradas
El proceso de autorización para proyectos industriales en México está regulado por instancias federales, estatales y municipales, lo que significa que cada nivel de gobierno tiene competencias específicas:
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Federales: Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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Estatales y municipales: Ayuntamientos y gobiernos estatales que otorgan licencias de uso de suelo, construcción y operación.
2. Permisos esenciales
Los principales trámites incluyen:
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Manifestación de Impacto Ambiental (MIA): Obligatoria para proyectos que puedan afectar el entorno, regulada por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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Licencia de uso de suelo: Determina si el terreno es apto para actividades industriales.
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Permiso de construcción: Autoriza la edificación de instalaciones industriales.
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Registro ante la Secretaría de Economía: Para parques industriales, se aplican normas como la NMX-R-046-SCFI-2015, que establece especificaciones de infraestructura.
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Normativas laborales y de seguridad: Cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo y regulaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
3. Normativas complementarias
Además de los permisos básicos, los proyectos deben alinearse con:
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Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia de seguridad, energía y medio ambiente.
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Buenas prácticas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) promovidas por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), que buscan elevar estándares de sostenibilidad.
4. Retos y oportunidades
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Complejidad administrativa: La multiplicidad de trámites puede alargar los tiempos de inicio de obra.
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Certidumbre jurídica: Cumplir con todas las normativas brinda confianza a inversionistas y comunidades.
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Competitividad internacional: México se posiciona mejor en atracción de inversión cuando sus parques industriales cumplen estándares ambientales y de seguridad.
El cumplimiento de permisos y normativas no debe verse como un obstáculo, sino como una herramienta estratégica para asegurar que los proyectos industriales sean sostenibles, seguros y competitivos. Para Grupo Castelli, dominar este marco regulatorio significa estar un paso adelante en la planeación y ejecución de proyectos que generen valor económico y social.